D. Maciste Argente: "La enfermedad profesional: un riesgo a valorar para su mutualización."


El  Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Seguridad Social, estable textualmente, en el artículo 157, como enfermedad profesional: "La contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esté provocada por la acción de elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional".

Una vez diagnosticada la enfermedad, si se concede la misma, la prestación económica se realiza con cargo a nuestro sistema público. Evidentemente, dado el proceso seguido y la propia dolencia como "profesional", la causa de la misma siempre tiene su origen en el medio laboral en el que el afectado realizaba su cometido profesional.

Es también cierto que en determinados trabajos, y pese al interés de la empresa, resulta muy difícil poder ofrecer a los operarios medidas de protección que sean 100% eficaces para situar el nivel del riesgo en cota cero, como sin duda sería el objetivo a alcanzar.

Lo cierto, y verdad en este asunto, es que nos encontramos ante un panorama complejo que, centrándonos en lo que realmente cae en nuestro ámbito de actuación, debe de merecer toda nuestra atención, ya que seguro que con un poco de voluntad y mucha ciencia actuarial posiblemente podríamos llegar a encontrar alguna solución que, si bien desgraciadamente no podría evitar la enfermedad, si podría ayudar económicamente a hacer más llevadera esa penosa carga personal.

Es cierto que la cobertura específica, recogida en muchísimos convenios colectivos sectoriales, otorgando una indemnización a quienes se les diagnostica esta dolencia y se les concede una prestación -con cargo a la suma convenida en las pólizas de convenio- supone una acertada y justa protección para tratar de mejorar la calidad de vida de los afectados.

Muchos de los que padecen estas enfermedades profesionales no consideran, no faltos de razón, que tanto la prestación pública como la indemnización dimanada del correspondiente convenio colectivo no es, ni de lejos, suficiente contraprestación por la carga de una penosa dolencia ya incurable en ese momento.

La disyuntiva del afectado es qué hacer y es la respuesta a esa cuestión lo que le lleva, cada vez más animado y asesorado por personas con intereses profesionales, a plantear reclamación judicial contra la empresa a la que prestaba sus servicios y en la que habría contraído la enfermedad profesional.

Dilucidar el nexo de causalidad y de responsabilidad, si la hubiere, le corresponde única y exclusivamente al juzgador y es precisamente tras ese fallo cuando pueden empezar los problemas para el empresario en caso de ser apreciada esa relación de causalidad/responsabilidad.

Como es sabido, en cualquier póliza de Responsabilidad Civil, en su garantía patronal, se excluye de manera clara la cobertura por enfermedad profesional sea cual sea su causa. Sin duda, esto sitúa al empresario en una posición muy comprometida y difícil, por no decir imposible en muchos casos de asumir, pudiendo arrastrar a la desaparición a su empresa.

Analizado el problema, e identificado el riesgo, deberíamos de tratar de dar una solución técnicamente asumible que diese cobertura de la contingencia al empleador y tranquilidad en lo económico al empleado.

Mutualizar la pérdida

Llegados a este punto, no me resigno a aceptar lo que siempre oigo entre excelentes profesionales y amigos de nuestro sector cuando afirman, sin empaque, que otorgar esta cobertura es sencillamente imposible. Supongo que si los armadores que fletaban barcos con mercancías en el siglo XIV, enfrentándose a los procelosos riesgos marinos de los océanos -plagados además de sanguinarios piratas-, hubiesen pensado lo mismo en lugar de mutualizar la pérdida todavía estaríamos en las antípodas de nuestra profesión.

La solución,  desde mi punto de vista, tiene que venir de esa mutualización que, en esencia, es solidaria y que, en el caso que nos ocupa, se manifiesta como imprescindible. Aplicar la ciencia actuarial, a las estadísticas de las enfermedades profesionales concedidas nos situaría en el necesario estadio técnico asegurador que nos indicaría cuál es en realidad la magnitud económica de las decisiones a adoptar.

Si por la posible magnitud del problema, las aseguradoras desaconsejasen su cobertura por poner en peligro su necesaria e imprescindible solvencia,  siempre nos quedaría nuestro reconocido Consorcio de Compensación de Seguros para realizar esa labor de mutualización de las primas garantizando el equilibrio técnico.

La fórmula para poder llevar adelante esto no me parece excesivamente compleja, pues al igual que ocurre con otros riesgos, se trata de establecer una tasa a aplicar sobre la suma objeto de seguro, en este caso sobre el sublímite por víctima en la garantía patronal.

Debería de profundizarse en la realidad económica que esto supondría, teniendo lógicamente en cuenta que debería de existir suficiencia de prima para su correcta cobertura, pues creo que sería asumible su coste, precisamente por la solidaridad que supone la ya repetida mutualización de las primas.

No digo que sea ni fácil ni sencillo, lo que si afirmo es que se trata de un problema de calado cuya solución deberíamos de encontrar precisamente en un sector como el nuestro cuya razón de ser es precisamente la cobertura de los riesgos para tranquilidad de unos y compensación de otros.

Si el resultado técnico nos lleva al convencimiento de la imposibilidad total de otorgar tal cobertura deberemos de asumirlo con total normalidad, pero estarán conmigo en que, la importancia social del problema debe de merecer de nuestra atención y dedicación.


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